¿Y si quiero instalar una cámara de videovigilancia en mi comunidad?

¿Qué debemos tener en cuenta si queremos instalar cámaras de videovigilancia en nuestra comunidad de vecinos?

El miedo a la ocupación ilegal de alguna vivienda vacía de la comunidad -lamentablemente, tan de actualidad en los últimos tiempos-, la búsqueda de una seguridad que nunca sobra o la necesidad de sentirse “seguro” en estos tiempos que vivimos, cuanto menos “convulsos”… son muchas las motivaciones que pueden llevar a unos vecinos a decidir instalar cámaras de videovigilancia en su comunidad.

Una vez tomada la decisión, por supuesto en la correspondiente Junta de Propietarios y con debidas mayorías, entraría en “juego” la normativa sobre protección de datos ya que, no olvidemos que las imágenes, al margen del formato en el que se contengan, son consideradas como datos personales, y, en ese ámbito, es preciso tener en cuenta una serie de aspectos fundamentales:

  • En el acuerdo de la Junta en que se toma la decisión, es conveniente que se reflejen aspectos tales como las características del sistema de videovigilancia, el número de cámaras o el espacio captado por las mismas.
  • Las cámaras deberán instalarse en los distintos accesos a la zona “cubierta” por éstas y se deberá alertar, con uno o varios carteles, de que se está accediendo a esa zona videovigilada.
  • Los carteles deberán indicar que se trata de una zona videovigilada, informarán sobre quién es el responsable del tratamiento y dónde y ante quién pueden ejercitarse los derechos que prevé la legislación sobre protección de datos (artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679).
  • En la conserjería o la portería de la Comunidad, en los tablones de anuncios o, directamente, en Internet, se pondrá a disposición de los afectados toda la información que exige la normativa sobre protección de datos.
  • Es importante tener en cuenta que las cámaras solo podrán captar imágenes de las zonas comunes, nunca de terrenos colindantes o espacios ajenos y solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la parte de los accesos al inmueble, o, tal y como precisa el artículo 22 de la LO 3/2018, de Protección de Datos, “solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible” para preservar la seguridad de la personas y bienes que es, precisamente, el fin que se persigue con la instalación de cámaras en las comunidades.
  • El sistema de grabación se situará en un lugar vigilado o de acceso restringido y solo podrán acceder a las imágenes grabadas las personas designadas por la Comunidad, que lo harán identificándose con un usuario y una contraseña.
  • Las imágenes se conservarán durante el plazo máximo de un mes desde su captación. Si esas imágenes sirvieran como de prueba de un delito o infracción, se acompañarán a la denuncia y se podrán conservar para ponerlas a disposición de las autoridades competentes.

Estas son algunas de las consideraciones que debemos tener en cuenta para que una medida que pretende mejorar nuestra seguridad no acabe vulnerando los derechos de terceros. A partir de ahí, la decisión es suya.

Puede ampliar la información en la Guía sectorial de la Agencia Española de Protección de Datos sobre “Protección de Datos y Administración de Fincas”.

Maite de la Parte Polanco. Abogada.

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